A partir del 1 de julio de 2024, los inquilinos podrán elegir libremente el tipo de recepción de televisión que deseen. Debido a la Ley de Modernización de las Telecomunicaciones, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2021, los propietarios ya no pueden repercutir las tarifas de la televisión por cable en los pisos ni en sus inquilinos como parte de los costes de explotación.
Esto repercute directamente en los costes de alojamiento y calefacción que deben concederse a los beneficiarios de la prestación ciudadana. Mientras que antes los costes de la conexión por cable formaban parte de los costes de explotación y, por tanto, del contrato de alquiler, a partir del 1 de julio de 2024 ya no estarán cubiertos por los requisitos de alojamiento y calefacción. Los costes de la conexión por cable tampoco serán prorrateables entre los propietarios de pisos.
En el futuro, los beneficiarios de la Renta Ciudadana tendrán que financiar ellos mismos las cuotas del cable con cargo a sus necesidades normales.
Si esto ha dado lugar a cambios en los contratos, deben comunicarse a la Oficina de Empleo.